Las administraciones públicas sufren dos procesos de expropiación, uno por la clase política y otro por el sector privado, conjugados ambos a través de fórmulas clandestinas que permiten marginar el empleo de servicios propios y de la clase funcionarial. Mientras tengamos leyes confusas y discrecionales, y de dudosa constitucionalidad, que regulen las Administraciones públicas, siempre habrá corrupción. ¿Dónde están aquéllos sabios economistas que propiciaron tantas privatizaciones de servicios municipales? Aquel supuesto ahorro nos está saliendo caro a los ciudadanos.