La transición española, del anterior régimen al actual, fue ejemplar. No fue pura casualidad, todo quedó atado y bien atado en la Constitución española de 1978 (C.E.).

          En el siglo XIX, en todos los países occidentales hubieron revoluciones liberales que tambalearon y finalmente destruyeron el sistema estamental de privilegios del antiguo régimen. En España, este proceso revolucionario del siglo XIX fue incompleto. Los estamentos privilegiados (Aristocracia e Iglesia) siempre supieron hacerse con la situación, unas veces sobornando al Monarca, otras apelando al Ejército y otras negociando con los Liberales. A la inversa de lo que ocurría en EE.UU. y Europa, los liberales españoles nunca estuvieron a la altura de las circunstancias. No supieron impulsar la Revolución industrial y modernizar las instituciones del Estado. Las tres Guerras Carlistas, la dependencia española de las inversiones extranjeras y el miedo a los pronunciamientos militares fueron  motivos convincentes para que los Liberales se decantasen hacia las fuerzas conservadoras.

          La Revolución de 1868, llamada “la Gloriosa”, fue el último intento de acabar con el Antiguo Régimen, pero la nueva clase social, la de los negocios y las finanzas, los Liberales, tuvieron miedo de sus socios revolucionarios, los demócratas, esos que querían el sufragio universal, esos que querían igualdad, esos que querían participar en el Gobierno. Ante el temor de que la Revolución liberal se transformara en una Revolución obrera, los Liberales y Conservadores-tradicionalistas se repartieron el pastel:

– La Iglesia se queda con la educación, es decir, la mente del pueblo.

– La Aristocracia con los privilegios de siempre, es decir, los negocios del Estado.

– El Ejército con el derecho a participar en la vida política, es decir, la legitimación de los Pronunciamientos.

– Los Liberales con la garantía de que el Estado actuará para defender sus intereses, es decir, institucionalización de la propiedad privada y de la represión.

– La Judicatura y Clase Política, la manipulación del sistema, es decir, el Caciquismo.

      Aquí terminaron las Guerras Carlistas y empieza la Restauración. Este panorama estático se prolonga hasta la Constitución de 1978, pero claro está, crea conflictos entre los que dirigen el sistema y los que quedan al margen, que son la mayoría. Al igual que no existió una clase media mayoritaria e ilustrada que impulsara el progreso, en el terreno de las ideologías predominaron los extremismos. Con suma facilidad pasamos del Estado confesional a la quema de iglesias. Este período de la Historia de España que empieza a principios del siglo XIX, el Constitucionalismo español, ha moldeado todas las capas de la sociedad española, y por supuesto, sus intereses aparecen en la C.E. de 1978. Todos los ciudadanos, todas las ideologías y todas las organizaciones que se rijan por medios democráticos, se integran y participan en la vida pública y las instituciones del Estado, pero también perduran los vestigios del Antiguo Régimen, aunque se percibe de forma latente.

          En cualquier Estado actual del mundo occidental, el funcionamiento del sistema político es similar: el Gobierno de la Nación capta los problemas de la sociedad, crea políticas públicas para resolverlos y con la aprobación del Poder Legislativo, las lleva a cabo. Por supuesto que el resultado de esta acción depende de muchos factores, internos, externos, económicos, culturales y sociales, pero también del grado de descentralización del Estado que puede ser provincial, regional o federal. Pero todos tienen un denominador común, todos tienen un solo Poder Legislativo central. Pues bien, España no se ajusta al modelo. El modelo español de descentralización es el Autonómico, donde cada Comunidad tiene su Gobierno y su Cámara legislativa. Ésta, legitimada por su “pueblo” legisla y aquél gobierna. Además, como la C.E. no establece límites entre las competencias del Estado y de las Autonomías, esta situación genera conflictos permanentes entre uno y otros. Y como ambos están legitimados por las urnas, no existe dependencia jerárquica alguna. Esta situación que se desprende de nuestra Constitución no es fruto de la casualidad.

            En la última sesión de las Cortes franquistas, en la que éstas se autodestruyen para dejar paso al sistema democrático, el tema de discusión en los pasillos no era aprobar la disolución. Se discutía el sistema electoral y la división territorial de la futura España democrática. Los poderes tradicionales, obligados por el Fondo Monetario Internacional y por Occidente tenían que aceptar el cambio, incluyendo la legalidad de todos los partidos políticos. Por lo tanto, se discutía sobre el modelo del nuevo sistema político para seguir controlando el Estado. En un sistema electoral “mayoritario” existen, casi siempre dos partidos importantes que se turnan en el poder, y un tercero que suele ser el partido “bisagra”. Los tradicionalistas no podían tolerar que el tercer partido fuese el Comunista. Ese puesto debía ocuparlo los partidos Nacionalistas periféricos que por tradición e ideología son de Derechas. Esto se consigue fácilmente con un sistema electoral “proporcional” que da entrada a los pequeños partidos locales. Para que los Nacionalistas tengan realmente poder, y puedan contrarrestar un posible Poder central de izquierdas, tienen que ejercerlo y para ello se crea un sistema a la medida, el autonómico, con su Gobierno y su Cámara legislativa y sin dependencia jerárquica del Poder Central. Además los poderes tradicionales entienden de caciquismos para dirigir la periferia y manejar todos los negocios locales. Si refrescamos la memoria, recordaremos que el sistema autonómico fue impulsado desde arriba.

          Como en este mundo nada es perfecto, aparecen los fallos. Aparecen nuevos politiquillos, los “progres”, que ven un negocio con el Nacionalismo de izquierdas. Esto es atípico, puesto que la ideología de izquierdas es universalista y el Nacionalismo es localista y tradicionalmente de derechas. Estos Nacionalistas que se dicen de izquierdas son estafadores, alimentan un mito étnico tergiversando la historia. Se apoyan en unos Fueros del pueblo que fueron arrebatados, cuando en realidad esos fueros eran los privilegios de los estamentos privilegiados. El pueblo, en el Antiguo Régimen, sólo tenía el derecho a trabajar y callar. Estos “progres” se han visto desbordados por los “cachorros” y lo que en un principio era un negocio, el de acaparar poder, se ha transformado en un peligro para la Democracia. Se ha manipulado las culturas locales para crear odio y amparándose en el sistema democrático, se exige la autodeterminación para después imponer la dictadura de la etnia. Lo que en un principio era una descentralización del Estado se ha convertido en peticiones de independencia. El sistema autonómico se ha escapado de las manos, a unos y a otros.

          Sí, después de 22 años de Constitución, ésta necesita una reforma, y la necesita porque la sociedad española ha madurado. La C.E. de 1978 debe despojarse de los extremismos. Con la Ley electoral “mayoritaria” quedaría tres o cuatro partidos políticos con vocación y programa de gobierno para toda España y con una descentralización provincial o federal, sin Cámara Legislativa Autonómica, los conflictos de competencia desaparecerían. El debate República o Monarquía es indiferente en este planteamiento. Seguramente los Nacionalistas tacharían este sistema de dictadura del centro, y tendrían razón. Es la dictadura de la mayoría, la perfecta definición de la Democracia, el menos malo de los sistemas, porque genera igualdad para todos y periódicamente los ciudadanos deciden en las urnas.

          En cuanto al Plan Hidrográfico Nacional, ya hemos visto que es el sistema de las autonomías el que genera el problema político y sólo es un ejemplo entre mil. A nivel de la sociedad española, tal conflicto no existe. Es fácil de explicar y comprender. El Turismo es la mayor fuente de ingresos del Estado, y es en el litoral mediterráneo donde éste se concentra. Pues bien, si queremos mantener e incrementar tal Turismo en este mundo competitivo y globalizado, es necesario que esta zona disponga de más agua. Los ingresos del turismo benefician a todos los españoles aunque éste se concentre en el litoral mediterráneo. Los turistas consumen de todo y tal vez estos productos vengan de la agricultura e industria del interior. El beneficio es para todos, aunque como siempre, ciertas elites locales pretenden obtener beneficios políticos.

          Mientras que los demás países industrializados invierten en tecnología, en España estamos invirtiendo en nacionalismos. El sistema de las autonomías, además de ser antieconómico es un peligro para la convivencia y la libertad. El problema de ETA tiene solución, pero solución política. Y también no debemos de olvidar que los protagonistas de la Unión Europea son los Estados Nacionales. Los Estados federados alemanes, las regiones italianas o los departamentos franceses sólo son divisiones territoriales administrativas. Ellos lo tienen claro, y nosotros mientras tanto, seguimos con nuestra cultura extremista: Aragón manifestándose contra el robo de “su agua”, Cataluña, chantajeando a toda España y en el País Vasco, la sociedad civil al borde de la confrontación armada. Así nos va España, que por cierto, no es sinónimo de “facha”, lo mismo que tampoco lo son castellano y español.