En nuestro sistema político, el gobierno está legitimado para dirigir la política económica del Estado según su programa electoral o según le plazca. En nuestra democracia, los ciudadanos son libres para votar y también libres para dejarse engañar. Pero el problema se agrava cuando un gobierno temporal daña las estructuras del Estado con total impunidad, en connivencia con lobbies empresariales y financieros, y con el silencio de la oposición.